Zaragoza
El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragon, Ricardo Oliván, ha presidido el Consejo de Salud de Aragón para informar a sus integrantes sobre los dos anteproyectos de ley que mejorarán el tejido sanitario de la Comunidad Autónoma.
Oliván ha asegurado hoy, en la Sala Hermanos Bayeu del edificio Pignatelli, que “el estado de salud de los aragoneses es uno de los mejores de España y el de los españoles uno de los mejores del mundo. Y esto ha sido gracias al Sistema Nacional de Salud que se compone de los servicios de Salud Pública y los Asistenciales”.
Para el consejero de Sanidad el Anteproyecto de Ley de Salud Pública de Aragón suple la carencia normativa con la que han actuado los servicios de Salud Pública y que el objetivo fundamental de la misma consiste en “tener una herramienta legislativa eficaz que permita el desarrollo de unos servicios de Salud Pública más eficaces y eficientes con la idea siempre presente de que la buena salud de los aragoneses es lo más importante para nosotros”, ha declarado.
En cuanto a las características de la norma, ha puesto en valor que ésta establece los derechos y los deberes de los ciudadanos en cuanto a la salud pública se refiere o que define las competencias de las distintas Administraciones en esta materia. Aunque también ha señalado que regula las funciones de cada colectivo profesional que presta sus servicios en Salud Pública y que establece, de forma clara, un nexo de unión entre la Dirección General de Salud Pública y el SALUD.
Durante el Consejo de Salud de Aragón, Oliván se ha referido al Anteproyecto de Ley de Autoridad de Profesionales Sanitarios y de Servicios Sociales Públicos de Aragón y ha apuntado que se enmarca fundamentalmente en la necesidad de establecer una especial protección a los profesionales del sistema público, pues tal y como ha declarado, “esta Ley persigue un fin concreto, permitir que los profesionales del sistema público ejerzan sus funciones con la mayor libertad y respeto posibles”. Y ha proseguido matizando “dicho esto, quede claro que esta Ley no contradice ni vulnera aquellas normativas que protegen los derechos de los ciudadanos, al contrario, la condición de Autoridad Pública exige a quien la ostenta una especial dedicación y el estricto cumplimiento de cuantos derechos son inherentes a los ciudadanos destinatarios de sus decisiones”.
Además, Oliván ha subrayado la necesidad de reforzar la autoridad de nuestros profesionales en su toma de decisiones y establecer el respeto mutuo como norma inviolable en las relaciones de los profesionales con los destinatarios de sus decisiones.
